Enrique
Krauze

No es exagerado afirmar que la Constitución de 1917 selló el destino del país en el Siglo XX. La caja de Pandora se abrió en ese año en cinco vetas profundas de la vida mexicana. El efecto en verdad revolucionario de cada uno de esos cambios tardaría en hacerse notar. Como si fueran distintas bombas de tiempo, cada uno explotaría en diferentes momentos, con ritmos desiguales pero con resultados similares. En el problema agrario, a partir de 1917 México viviría una creciente tensión entre las nuevas disposiciones del Artículo 27 y el viejo orden que por todos los medios se resistía a morir.

En 1936, el Presidente Lázaro Cárdenas decidiría resolver el problema de modo radical: tomando al pie de la letra la Constitución, aboliría todas las haciendas y latifundios y repartiría entre los campesinos 17 millones de hectáreas. Esta reforma agraria sería uno de los fenómenos centrales del Siglo XX mexicano. El reparto masivo lograría saciar muchas antiguas esperanzas de justicia pero a la postre resultaría costoso e improductivo. Su inconveniente mayor era el mantenimiento de una tutela estatal sobre los campesinos que no se sentían dueños de sus parcelas por una razón sencilla: no lo eran.

Un gran hacendado reemplazaba a todos los antiguos: el Estado. La libertad del campesino era ilusoria. Él lo sabía y lo sabe aún. La cuestión obrera rebasaría muy pronto los aspectos puramente legales de 1917 para convertirse en un tema político de la mayor importancia. Los generales revolucionarios, Obregón ante todos, habían comprendido desde 1915 la inmensa utilidad política de pactar con las organizaciones sindicales. Desde la década de los '20 (con el acceso al poder de los caudillos sonorenses, el propio Obregón y Plutarco Elías Calles), los gobiernos "emanados'' de la Revolución mantendrían un vínculo simbiótico, que desde 1936 Cárdenas volvería francamente corporativo, con las organizaciones obreras. Los obreros se volverían apéndices dependientes del Estado.

Las consecuencias paradójicas de este desarrollo histórico llegarían también hasta la última década del siglo: por un lado se protegía al obrero, por otro se le condenaba a una eterna minoría de edad. Las disposiciones del Artículo 27 más caras a Carranza, las que afectaban el dominio y uso del subsuelo, comenzarían a provocar conflictos desde el momento de su expedición. Durante toda la década de los '20, sería el motivo principal de discordia entre México y Estados Unidos. En los años '30, Lázaro Cárdenas adoptaría con respecto a ellas la misma actitud radical que con el problema agrario.

Tomando el Artículo 27 al pie de la letra expropió, como todo mundo sabe, a las Compañías Petroleras europeas y norteamericanas, con las minas ocurrió un proceso similar, aunque más silencioso. Como en el caso de las otras vetas profundas, abiertas por aquella caja de Pandora, los resultados prácticos serían desiguales: utilidad a la dignidad nacional, pérdidas a la economía y también en este caso, las consecuencias de 1917 alcanzarían a la última década del siglo. Las durísimas disposiciones contra la Iglesia contenidas en los artículos 8 y 130 de la Constitución de 1917 provocarían reacciones instantáneas en el pueblo católico que, sin embargo, no presagiaban la tormenta que vendría en los años '20: una auténtica guerra civil-religiosa, librada en buena parte del centro y el occidente de México, entre los campesinos católicos y el gobierno. Esta guerra denominada por los propios campesinos "La Cristiada'' duraría tres años (de 1926 a 1929), y cobraría casi 100 mil vidas. En las décadas siguientes el Estado y la Iglesia encontrarían un cierto modus vivendi similar al que había caracterizado a la época porfiriana pero sin resolver la tensión de fondo. El problema llegaría también hasta los años '90.

La quinta veta de la caja de Pandora es quizá la más compleja. Con todo lo poderosos que eran y se sentían, ni Carranza ni los generales sonorenses que lo derrocaron y gobernaron el País de 1920 a 1934, entenderían cabalmente las dimensiones de poder que la Constitución de 1917 confería al Poder Ejecutivo del nuevo Estado. Poderes dignos de un Tlatoani.

Quien lo entendió con claridad fue Lázaro Cárdenas que entre 1934 y 1940 integró a los obreros, campesinos, profesionistas y militares en un Estado corporativo que por milagro no se volvió totalitario. A partir de entonces, el Estado mexicano altamente centralizado en la capital y en la persona del Presidente entraría en un proceso de monopolización y expansión creciente, que en la década de los '80 llevaría al País a la bancarrota económica y a una profunda crisis política y moral. La Revolución Soviética ha tenido que decir "me equivoqué''. Era hora que lo dijera, después de haber provocado la muerte de decenas de millones de personas y la pérdida quizá definitiva del ritmo histórico. Era hora que lo dijera, aunque ya es quizá, para el pueblo ruso, demasiado tarde. ¿Nuestra Revolución Mexicana dirá alguna vez: me equivoqué? Nuestros líderes parecen resistir este acto de autocrítica plena. Es explicable: con todos sus errores, torpezas, injusticias, costos, ineficiencias y hasta crímenes, el saldo de ese vasto movimiento histórico el saldo objetivo y el saldo percibido por sectores amplios de la población no fue negativo. Nuestros líderes no han sido demócratas, pero no se parecen a los bárbaros dictadores del Siglo XX. Nuestras reformas profundas como las cinco de la Caja de Pandora de 1917 pudieran ser erradas (y lo fueron en gran medida) pero no dejaron el saldo de hambre, desdicha y muerte de los otros terribles experimentos revolucionarios del Siglo XX.

Con todo, la cita con la historia ha llegado. Al despejarse las incógnitas mundiales en favor de la libertad en todos sus ámbitos, la autocrítica es de verdad inaplazable y debe dirigirse, justamente, a las cinco vetas profundas de la vida mexicana que la Constitución del 17 modificó. Algunas de esas modificaciones fueron más dañinas, erróneas o costosas que otras, pero todas reclaman una autocrítica valiente: un sano y liberador "me equivoque''. A la autocrítica abierta debería seguir la más resuelta reforma, tan radical como la que en 1917 inició el proceso. El camino es claro: se trata de restituir la libre propiedad de la tierra, la libertad del obrero, la libertad de empresa, la libertad de enseñanza, la libertad política, es decir, las cinco libertades que conculcó con las mejores intenciones, pero conculcó la Constitución del '17.

El Presidente Salinas señaló en su informe la inminencia de varias reformas importantes, que atañen sobre todo al campo, la Iglesia y la educación. Bienvenidas, pero más bienvenidas aún si las precede la autocrítica honesta y si se sustentan en la reforma política. La razón es simple: la quinta libertad conculcada en el '17 (la plena libertad política) es, en el fondo, la condición de existencia de las otras cuatro. Para probarlo basta un ejemplo: ¿cómo podrán elegir libremente los campesinos su apego (o no) al sistema ejidal si el inmenso aparato del Partido está encima de ellos para vigilar su voto? ¿Quién vigilará a los vigilantes de le elección ejidal? ¿Cómo garantizar la libertad de ese sufragio? Todos los caminos llevan a uno: la necesidad de la Reforma de Reformas: la Reforma democrática.

El Norte