Enrique
Krauze

En su estructura, el poder es vertical y la cultura, horizontal. El poder es de unos cuantos y la cultura de quien se interese en ella, como creador o espectador.

En estos días hemos sido testigos de un enfrentamiento singular entre el poder (y sus voceros) y la cultura (y algunos de sus representantes). La historia inicia cuando un conjunto de destacados intelectuales pide al Presidente en una carta la exención fiscal para los derechos de autor.

El Secretario Aspe se reúne en una comida con los intelectuales que signaron dicha carta y les ofrece simplificación en los trámites fiscales, un paso significativo, pero de ningún modo suficiente. Una rara unanimidad ha logrado conciliar a los intelectuales, unanimidad rota por Héctor Aguilar Camín quien, a través de declaraciones, hace saber que está de acuerdo con el pago de impuestos; respecto a los intelectuales que firmaron la petición al presidente dice que son "inmaduros'', "ciudadanos menores de edad'', "ejidatarios''.

En respuesta, Enrique Krauze escribe: "Por una cultura sin ejidos''. Al día siguiente de publicado este artículo, Aguilar Camín acepta haber cometido un error al haber llamado "ejidatarios'' a los intelectuales. Paralelamente a la polémica en torno a la exención fiscal, el diario brasileño O Estado de Sao Paulo (27-II-93) publica una entrevista con Aguilar Camín repleta de insultos dirigidos contra Octavio Paz y los escritores de Vuelta.

El segundo artículo de Enrique Krauze, "Ventas Ejidales'', alude a esos insultos a la par que desvela el porqué Aguilar Camín está en contra de lo solicitado por los intelectuales independientes: Nexos se beneficia de sus ventas al Estado, más que de sus ventas al público.

La historia siguió desenvolviéndose: Aguilar Camín envió a varios diarios una larga carta en donde desmentía paso por paso las declaraciones aparecidas en el diario brasileño. La respuesta del periodista brasileño Wladir Dupont no se hizo esperar: en ella echó abajo los desmentidos de Aguilar Camín, quien, desde esa fecha, guarda el más pesado de los silencios.

No hay duda que el deber primero del intelectual es decir la verdad. En los últimos días hemos visto a Héctor Aguilar Camín retractarse varias veces, hemos visto también cómo desmienten sus desmentidos. El no dice nada, él guarda silencio y su silencio, podría decirse, es un silencio vertical: es el silencio del poder, el silencio del poderoso que calla antes los abusos. Ante él está la cultura, libre y en movimiento, bulliciosa.

No se engañe el lector: el asunto que aquí se trata rebasa el estrecho marco de una polémica entre intelectuales renombrados, es, principalmente, una redefinición de las fronteras que separan poder y cultura.

Por culpa del gran Magú, la semana pasada recibí varias llamadas de amigos que preguntaban detalles sobre la famosa comida con Pedro Aspe. "¿Cómo que no acudiste? ¿Cómo que no estabas invitado? ¡Pero si vi tu nombre en la caricatura de Magú!''.

Es verdad, no fui invitado porque no formo parte del grupo inicial de escritores, científicos y artistas que promueven la exención fiscal para los derechos de autor. Desde un principio apoyé la carta con entusiasmo y entendí los motivos para limitarla a las 57 personas mayores de 50 años de edad, 27 de las cuales son miembros de El Colegio Nacional.

Además de su impecable fundamentación, había dos razones que a mi juicio parecían garantizar su éxito: la primera, el prestigio de El Colegio Nacional, de donde partió la idea y que el 14 de abril cumplirá 50 años de vida; la segunda, la calidad y pluralidad sin precedentes de la lista que se reunió, un grupo a la altura de los fundadores de aquella institución: Alfonso Reyes, Antonio Caso, José Vasconcelos, Diego Rivera, José Clemente Orozco. Por lo visto, esas razones no fueron suficientes.

Aunque el Diario Oficial ha hecho pública ya la meritoria simplificación administrativa que prometió el secretario Aspe, el problema sigue en pie.

No hace mucho, hablar de dinero en esos ámbitos era de mal gusto. Los intelectuales vivían su integración económica al poder como si fuese una condición natural. Los políticos, que la prohijaban, se sentían legítimos albaceas de los dineros públicos.

De pronto, el año pasado y a raíz de los hechos que todos conocemos, varios periodistas y escritores comenzaron a examinar con lupa las transferencias de fondos oficiales a instituciones o grupos culturales.

No es que esas transferencias fuesen, por necesidad, ilegales. Lo que saludablemente comenzó a ponerse en duda fueron los criterios, los métodos, los montos, los propósitos, los resultados en esa asignación de recursos públicos a la cultura.

Esta "auditoría cívica'' es un signo claro de democratización en la sociedad mexicana. Un gobierno modernizador no sólo debe revisar su relación de patronazgo corporativo con su propia burocracia, los sindicatos, el partido oficial, los ejidatarios: debe hacerlo también en el campo de la cultura. No lo ha hecho. Modernizar la relación económica entre el poder y la cultura hubiese significado modificar, ante todo, muchas prácticas porfiriano-revolucionarias que persisten hasta la fecha.

Se dirá, con cierta razón, que el maridaje de las generaciones culturales con el poder ha tenido efectos positivos para la cultura, pero hay que convenir que los extremos a que ha llegado en México no se ven en ninguna parte del mundo.

Es como un árbol en el que resaltan por lo menos cuatro troncos (la política, la burocracia, la academia, los medios de información) y del cual parten mil ramificaciones, muchas lícitas, productivas y abiertas, otras ilícitas, inútiles y turbias. En el tronco político, por ejemplo, los intelectuales han sido secretarios o subsecretarios de Relaciones (Gamboa, Torres Bodet, Gorostiza), de Educación (Justo Sierra, Vasconcelos, Bassols) han ocupado otros puestos y han desempeñado una gran variedad de tareas ligadas al sector público.

Son los casos mejores de construcción nacional, pero tuvieron su momento de eficacia y justificación: las tres o cuatro primeras décadas del siglo. A partir de esos casos, las ramas del tronco han sido cada vez más injustificadas política y culturalmente: encomiendas, mercedes, repartimientos, sueldos, etc... en secretarías, dependencias, empresas públicas, paraestatales, partido oficial, etc..., por servicios de ideología, asesoría, oratoria, redacción, etc.

Es verdad, por otra parte, que incluso en los regímenes de liberalismo económico más ortodoxos, como la Inglaterra de Thatcher, han subsistido las necesarias transferencias económicas del Estado a las universidades, las artes, la ciencia, las humanidades, los medios, pero la diferencia radical consiste en que esas transferencias se establecen y realizan de un modo menos discrecional, menos corporativo, menos vasto (en personas, en dinero, en términos relativos y hasta absolutos) y, desde luego, con muchas menos ataduras políticas, que en el caso mexicano.

Entre nosotros, la integración de la cultura al poder adopta a menudo la forma patrimonial corrupta, improductiva de la cooptación. Esta situación histórica estaba bien en la corte de Felipe IV que tenía 227 escritores a sueldo, pero no corresponde a un país que pretende acceder al primer mundo. En las relaciones entre cultura y poder, la palabra modernizar sólo admite una acepción: desintegrar.

Si el gobierno hubiese avanzado en esa línea, si además hubiese limpiado la casa propia y comenzado a pagar derechos de autor (como lo comprobó la SOGEM, hoy por hoy el Estado es el Francis Drake de los mares autorales) cabría discutir la conveniencia de limitar el supuesto privilegio que los autores piden para su obras. En el contexto actual, la postura del gobierno es inadmisible. Contra la tradición integrista, lo que los autores piden pedimos no es el apoyo convencional (becas, regalos, puestos, sueldos, concesiones, premios, asesorías), sino justamente la apertura la reapertura de una vía sencilla y moderna para abandonar poco a poco esas prácticas patrimonialistas y corporativas: el apoyo a la creación cultural independiente.

Sólo aquel escritor, periodista, pintor, creador en suma, que cuente con la aceptación probada de la sociedad, sólo aquel cuya obra efectivamente venda, podrá obtener un beneficio tangible de la exención fiscal que se propone. Esa persona seguirá pagando sus impuestos como profesionista o como embajador o como profesor universitario, pero tendría el incentivo de saber que en su país, si su obra tiene méritos suficientes a juicio del público (no del poder), sus regalías estarán libres de impuestos.

No auspiciar la creatividad cultural por esa vía refleja la sordera de un gobierno ante la voz de decenas de creadores que honran el nombre de México dentro y fuera del país (¿cuánto vale, por cierto, esa honra?), y algo más preocupante aún: incongruencia con respecto a sus propios postulados modernizadores.

Que el Ministro de Hacienda más honesto, eficaz e inteligente que ha tenido el país en décadas, no vea la incongruencia de la postura oficial frente a los autores, es un misterio. Pero lo que llama aún más la atención es que existan autores incongruentes ante su propia autoría.

Me refiero no hay más remedio a las declaraciones de Héctor Aguilar Camín. Comentarlas no es un avatar del pleito Vuelta-Nexos, entre otras cosas porque en la lista de los 57 los mismos a los que Aguilar Camín llamó "inmaduros'', "ciudadanos menores de edad'', "autocomplacientes'', "ejidatarios''-, no estoy yo y sí están, en cambio, varios de sus más cercanos amigos y colaboradores, hombres de letras, de ciencia y arte que hasta hace unos días, aparentemente, Aguilar respetaba un poco más.

Antes de abordar su postura sobre la exención fiscal, debo tocar de pasada sus observaciones sobre los libros de texto de historia patria en cuya crítica interviene.

Elijo cuatro: "el gobierno que está en curso no debería emitir juicios sobre sí mismo’’... es falso que "Juárez no tuvo una erección en su vida''... "es un gran error cívico cortar la historia antes del 68''... "nos urge una historia patria para adultos''.

En respuesta, caben cuatro preguntas: ¿Quién emitió en los libros de texto "juicios (elogiosos) sobre el gobierno que está en curso''? ¿Quién omitió en esos mismos libros de texto ya no sólo una mención a la vida erótica de Juárez, sino al hecho quizá no del todo insignificante que era un indio zapoteca? ¿No es una incoherencia jurídica y moral que la historia oficial publicada por la SEP señale a los culpables del 68 y la Procuraduría de la República no abra de inmediato una investigación contra ellos? Un libro de texto para niños ¿puede ser al mismo tiempo un libro de historia patria para adultos?

Sobre el tema de la exención autoral, Aguilar Camín dijo: "eso que piden es cosa corporativa digna de los ejidatarios''. Viéndolo bien, no le falta razón en trazar el paralelo entre campo y cultura en México. En una proporción importante, el Estado ha sido tan dueño del aparato cultural en México como de los ejidos. Es el que paga y manda. Pero siguiendo con el símil, la iniciativa de exención fiscal no corresponde a las actitudes de los ejidatarios (precios subsidiados, créditos blandos que nunca se pagan, tortas en los mítines, acarreos, dependencia servil, todo a cambio de dinero constante y sonante), sino de los pequeños propietarios independientes o, si se quiere, de ejidatarios que no tienen más remedio que vivir del dinero oficial pero que cultivan a deshoras una productiva parcela familiar por vocación para lograr con el tiempo la plena independencia.

¿Desde qué posición lanza sus invectivas Aguilar Camín contra los "ejidatarios'' intelectuales? Se diría que desde la del propietario independiente. Tiene, es verdad, una buena parcela propia la de su obra que cultiva con éxito, y ha propiciado esa misma actividad en otros. Pero ha sido también, ininterrumpidamente desde los setentas, un ejidatario del INAH.

Si esta fuera su única fórmula estaría en la situación habitual del ejidatario que sueña con liberarse, pero no es así y la razón es clara: Aguilar Camín preside el Complejo Cultural Ejidal Nexos que cuenta con un apoyo del Estado que ya hubiera querido el Ejido Colectivo de Yucatán o La Laguna: un porcentaje abrumador de propaganda estatal, una fundación (de la cual sería bueno saber si está exenta de impuestos), un programa en la televisión oficial, un futuro canal de televisión, concesiones de cartillas de ejido gratuitas, apoyo en organización de congresos ejidales, viajes, banquetes, etc..., casi todo a cargo del contribuyente. Allí sí no hay exenciones que valgan.

Tiene razón Aguilar Camín: "hay que restituir las verdades históricas''. Hay que decir que los caciques de la cultura ejidal no entienden a los productores culturales independientes. Pero confiemos que en el campo de la cultura el gobierno modernizador sí entienda su papel histórico frente a la cultura y conceda la exención propuesta. Sería una justa compensación a los creadores culturales independientes por la expropiación de su obra a medio siglo de su muerte. Sería un hermoso reconocimiento a El Colegio Nacional en su medio siglo de vida.

 El Norte