Libertad a debate
Una marca de alimentos decide que su publicidad televisiva privilegie el color verde. Un cantante usa corbatas amarillas. Una telenovela utiliza como fondo musical la canción "Azul" de Agustín Lara. Éstos y otros muchos ejemplos menos inocuos, ¿serían considerados como una publicidad ilícita por la nueva legislación electoral? Claro que no, pero hago votos porque la discursión legislativa sobre la Reforma Electoral que tendrá lugar esta semana, tenga sumo cuidado en no arrojar el agua de la libertad con todo y el niño de la democracia fuera de la tina nacional.
Hay mucha hipocresía en los corrillos políticos en torno al papel que jugaron los medios en las pasadas elecciones. López Obrador -que se presenta como el principal agraviado- tuvo a su disposición cámaras y micrófonos en una precampaña que comenzó el día en que tomó posesión como Jefe de Gobierno del D.F. Pedir que lo dieran "por muerto" era la señal perfecta para darlo por vivo, y esa atención espontánea siguió hasta las postrimerías de la elección. Es verdad que se utilizó profusamente publicidad "negativa" en su contra, sobre todo aquella que lo señalaba como un "peligro para México". Pero, al margen de lo habitual que ese tipo de publicidad es en toda democracia moderna, ¿qué otra cosa había hecho él, sino advertir, desde la tribuna de su poder (y utilizando a menudo los recursos públicos), la vasta conspiración de "la derecha" contra México? La "derecha" -definida por el propio líder máximo de la izquierda como todo aquel grupo o persona que se le opusiera- no era sólo "un peligro para México": no era México, no es México, es el anti-México. Finalmente, más pronto cae un hablador que un cojo: López Obrador acaba de declarar en Puebla, que las Cámaras se han convertido... "en un peligro para México" porque las iniciativas que "discuten en tribuna representan un retroceso" y responden "a una agenda establecida desde el extranjero por el Fondo Monetario Internacional". ¿Existe alguna duda de cómo hubiese procedido con respeto a las instituciones, de haber triunfado en los comicios?
Con todo, al igual que sus adversarios, el señor debería estar en su derecho de usar la palabra "peligro" como le venga en gana, y cuantas veces le venga en gana. Creerle o no creerle es decisión de los ciudadanos. Si somos congruentes con los valores de una democracia liberal, en las campañas del 2009 y 2012 los partidos, partidarios, candidatos y ciudadanos deberían poder decir esas cosas, y cosas peores. Las opiniones políticas no deben ser delitos. Ésa es la esencia de la libertad. Usarla con responsabilidad es un arduo aprendizaje colectivo, pero no puede ser impuesto. El verdadero peligro en una democracia está en coartar la libertad de expresión. Por eso los dictadores le temen tanto.
Introducir, como propone la reforma del Artículo 41, el concepto de "denigración" como un valladar legal en defensa de las instituciones, los partidos y las personas, puede resultar incompatible con el Artículo 6 Constitucional sobre la libertad de expresión. Karl Popper, el gran liberal, abogaba por el establecimiento de una comisión interna de autorregulación en los medios, que se comprometiera a cuidar los contenidos agresivos en ciertos programas. Pero nunca abogó por una comisión reguladora en la política.
No es correcto que los partidos dispongan de los escandalosos recursos que ahora tienen. Tampoco que el poder económico decida la agenda pública. Acotar ambas cosas me parecería un acierto. Que el IFE medie en la compra de publicidad, me lo parece también. Sin embargo, puedo pensar en un escenario en el que la modificación propuesta podría volverse contra nuestro sano desarrollo democrático. De aprobarse la reforma en sus términos actuales, ningún grupo (un nuevo movimiento ciudadano, una ONG) podría defender en el futuro sus puntos de vista (o criticar el de otros) en espacios que no sean los noticieros o programas similares, lo cual atizaría la susceptibilidad con respecto a éstos, inhibiendo la libertad. El problema no es insoluble: requiere creatividad y buena fe.
Si en verdad les importa comunicar de manera cabal e inteligente sus ideas, sería aconsejable que los diputados y senadores estudiaran los intensos debates que ahora mismo está llevando el Partido Demócrata en Miami. Como vehículos de comunicación política para el elector, estos debates son más eficaces que las campañas publicitarias. Porque si algo faltó en el 2006 fueron precisamente debates auténticos, no ese par de rígidas y solemnes pantomimas que tuvieron lugar y que, sin embargo, jugaron un papel decisivo para normar el voto público. Los debates entre candidatos deben ser obligatorios. Su formato y contenido debe ser objeto de una intensa discusión pública y una reglamentación apropiada.
Los debates por televisión pueden ser la mejor clase de democracia, tolerancia y civilidad para el elector mexicano, la demostración palpable de que las personas pueden diferir en asuntos esenciales pero que esas diferencias no tienen por qué traducirse en actos de violencia.
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