Enrique
Krauze

El año 2022 marcará el doscientos aniversario de las relaciones oficiales entre México y Estados Unidos. Pero antes de que podamos celebrar esta importante fecha, debemos trabajar para salvaguardar la libertad, la democracia y el Estado de derecho en México, bajo el régimen personalista del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como signo de un cambio de tono con respecto a la actitud irrespetuosa y transaccional que el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró frente a México, Joe Biden y López Obrador sostuvieron una reunión virtual el 1 de marzo. Ahí, Biden se comprometió a honrar el compromiso común del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y discutir formas de colaboración en temas de migración, respuesta y recuperación de la pandemia del coronavirus y cambio climático.

El presidente Biden haría bien en agregar la promoción de leyes que detengan el flujo de armas que llegan a México desde Estados Unidos. Por su parte, el presidente López Obrador (AMLO, como es conocido) debe disipar la incertidumbre que rodea al sector energético, donde la aprobación de una nueva ley que da preeminencia a Pemex y la CFE (las compañías estatales de energía) y privilegia el uso de combustóleo entra en conflicto con el T-MEC.

Biden y López Obrador son ambos hombres de fe, y fue una buena señal que en la reunión se invocaran símbolos religiosos y seculares del pueblo mexicano. En el mismo espíritu, Biden puede transmitir a López Obrador el mensaje de que nada ayuda más a una buena vecindad que los valores compartidos, sobre todo si los vecinos son socios y amigos. Biden ha probado eso, justamente, tumbando muros y dando la bienvenida a los inmigrantes.

Una asociación fructífera dependerá de que ambas partes defiendan los valores comunes de la libertad, la democracia y el Estado de derecho. Ambos países atraviesan emergencias nacionales provocadas por la pandemia y exacerbadas por la polarización política.

Mientras el Estados Unidos encabezado por Joe Biden trabaja para fortalecer el sustento institucional de su democracia liberal, la joven democracia mexicana, encabezada por un líder populista que atiza la polarización, continúa declinando bajo su deriva autocrática. Este fenómeno podría ahondarse si su partido triunfa en las elecciones legislativas intermedias, que se llevarán a cabo en junio.

López Obrador ganó las elecciones en julio de 2018 con un 53 por ciento del voto. Su mandato sexenal concluye en 2024. El electorado dio a su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y a sus partidos satélites, la mayoría relativa en el Senado y una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

Las elecciones de junio renovarán la Cámara de Diputados, en nuestro congreso bicameral, así como 15 de las 32 gubernaturas en el país. Del resultado de esas elecciones dependerá la consolidación de la democracia mexicana o la vuelta a una nueva versión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que estableció un régimen autoritario que dominó la política mexicana de 1929 al 2000.

Nuestra experiencia con el PRI nos enseñó que un sistema de partido único no valora especialmente la democracia, la libertad y el Estado de derecho. Si las elecciones legislativas confirman su poder total sobre el Congreso, López Obrador las valoraría aún menos. El gobierno de México se habrá convertido en el dominio de un solo hombre.

Pero si en las próximas elecciones el gobierno pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, México recuperaría cierto equilibrio en sus poderes. De no ser así, sería difícil que mantengan su autonomía instituciones democráticas clave como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), un órgano que promueve la transparencia y la rendición de cuentas, y el Instituto Nacional Electoral, que organiza y supervisa el proceso electoral en todo el país.

Con frecuencia, López Obrador ha ejercido presión pública sobre ambas instituciones. Ha anunciado su intención de disolver la primera. En cuanto a la segunda, el refrendo de su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados podría facilitar su control con vista a las elecciones presidenciales de 2024 y 2030, maniobra que disminuiría la credibilidad del proceso electoral.

López Obrador, sencillamente, no cree en el Estado de derecho para resolver los problemas de México. Por el contrario, se comporta a veces como si él encarnara al Estado y a la ley.

El presidente de México es un populista de izquierda que ve con desdén el consumismo capitalista y proclama su interés por los pobres. Pero sus políticas económicas —que han incrementado la desigualdad y la pobreza durante la pandemia— guardan semejanzas significativas con las de Trump.

López Obrador también polarizó a su país, degradó el lenguaje político, mintió, defendió su realidad alternativa contra las “noticias falas”, atacó a la prensa, insultó a los críticos, subordinó al Senado, evadió la transparencia, incrementó su control sobre el sistema de justicia, imperó sobre su partido y desacreditó al sistema electoral.

Aun antes de la pandemia, el pobre desempeño del gobierno era ya patente en los temas más sensibles, pero en este año difícil las cifras son aún más graves: el PIB ha bajado 8,5 por ciento, se perdieron 3,25 millones de empleos y, a pesar del encierro provocado por la pandemia, hubo 35.484 homicidios.

López Obrador se ha rehusado a decretar el uso de cubrebocas. A pesar de haber contraído él mismo el virus, tras su recuperación reapareció sin cubrebocas en sus habituales conferencias de dos horas diarias. De acuerdo a algunas estimaciones, en México han muerto de la COVID-19 más de 193.000 personas, pero fuentes confiables sugieren que el saldo real podría ser 70 por ciento superior al de esos reportes.

A lo largo de las décadas, México construyó una red de vacunación. En 2018, en el país se vacunaba a 105 millones de personas contra trece enfermedades infecciosas como la tuberculosis, el sarampión y la influenza. Y, sin embargo, México enfrenta una crisis humanitaria por la falta de vacunas suficientes atribuible al gobierno.

Después de su elección, López Obrador desmanteló la red de inmunización, y ahora en varias zonas del país la vacunación se lleva a cabo a través de un grupo de jóvenes leales a Morena. Los resultados arrojan un cuadro elocuente: al día de hoy solo el 2 por ciento de los casi 130.000.000 de mexicanos ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Temo que muchos mexicanos más mueran debido a la mala administración de nuestro presidente.

Si el partido de López Obrador gana la mayoría en la Cámara de Diputados —dándole de nueva cuenta el poder absoluto—, México será gobernado por una nueva versión autocrática del PRI.

A lo largo del siglo XX, Estados Unidos permaneció indiferente al sistema autoritario de México. Biden debe repensar esa vieja actitud.

El futuro de México lo decidiremos los mexicanos, pero independientemente de los resultados electorales, el diálogo entre ambos líderes puede resultar benéfico.

Biden puede limitar las tendencias autoritarias de López Obrador y promover un enfoque de moderación que sería mucho más beneficioso para las relaciones bilaterales y para los propios mexicanos. Biden ha insistido con razón en la unidad como el camino hacia adelante entre vecinos. En su discurso de inauguración lo dijo claramente: “Comencemos por escucharnos unos a los otros. Por oírnos los unos a los otros, por mostrar respeto los unos hacia los otros”.

Para López Obrador, quien se tragó los insultos de Trump a los mexicanos cuando nos llamó “violadores y asesinos”, debería ser más sencillo escuchar palabras de unidad y moderación. Si aplica estos valores dentro de México y en su relación con Estados Unidos, en 2022, mexicanos y estadounidenses celebrarán juntos su aniversario y pondrán un ejemplo para toda la región. Sería una desgracia perder esa oportunidad.