Enrique
Krauze

Fidel Castro dejó de fumar en público el largo habano que suele disfrutar, cuando se le advirtió que la campaña antitabaquismo emprendida por la Revolución que hizo de la salud uno de sus logros principales, estaba siendo contrarrestada por su mal ejemplo, dada la fuerza de su imagen ante los cubanos.

Ese es un ejemplo de cómo las obligaciones políticas pueden ir en el sentido contrario de las apetencias y actitudes personales, pues el talante público de un gobernante adquiere significación a la que no puede ser ajeno quien lo muestra a sus ciudadanos. En eso he pensado ante el arranque del presidente Salinas, en que lo siguió su señora esposa, de cantar en público, mostrando un notable ánimo festivo cuando no se cumplía aún una semana del asesinato de su amigo entrañable, ex cuñado y cercano colaborador político José Francisco Ruiz Massieu.

Con rutinaria y aldeana profundidez habrá quienes prefirieran que, con su duelo a cuestas, el Presidente no participara en una fiesta, la que anualmente organizan los radiodifusores, donde se condensa el entretenimiento que es la principal materia difundida por los medios electrónicos. Al menos, dirán las buenas conciencias, el festival podría no haberse transmitido en vivo y en cadena nacional, como se hizo. Y, en el extremo de los casos, el Presidente pudo haberse abstenido de su alegre manifestación musical en horas sombrías para la nación, por el enseñoramiento de la violencia, y para su partido por las revelaciones que estaba arrojando la investigación de aquel crimen.

Tal vez la exigencia de circunspección al Presidente sea excesiva. Tal vez, al contrario, siendo la necesidad política de aflojar el ánimo, de "echar relajo" en el sentido descubierto por Jorge Portilla hace medio siglo, para aligerar al país la carga de sus tribulaciones. Tal vez "imaginó" que si da muestra de despreocupación disminuirá la pesadumbre que puede convertirse en lastre y obstáculo.

O tal vez no reflexionó en las implicaciones públicas de un acto personalísimo y espontáneo, combinación de añoranza de sus años mozos (no tan remotos, por lo demás) y de anticipada nostalgia por la inexorable celeridad con que se aproxima el fin de su mandato político que, en los términos en que se ha fraguado el presidencialismo mexicano, equivale mucho a morir (aun si se ha planeado la prolongación del poder personal o se mantienen vivas las posibilidades de un cargo internacional de alto rango).

El Presidente, en efecto, secundó a Chamín Correa, uno de Los Tres Caballeros originales, que interpretó de Roberto Cantoral, otro de ellos, el bolero titulado "El Reloj", una estéril instrucción a ese instrumento para que no marque las horas y así evite el momento de la separación de los amantes. Junto con "La barca", aquella pretensión de detener el tiempo dio a Cantoral fama y fortuna (en gracia a lo cual su casa en Lindavista muestra la partitura de esas canciones, labrada en el frontispicio) y, al correr de los años, lo colocó en la posición que hoy ocupa: la de impugnado líder de los autores y compositores, a quien muchos de sus compañeros cuestionan por su tenaz permanencia en el puesto.

El arrebato musical de Salinas tuvo lugar durante la última semana de la radiodifusión que le corresponde presidir. En la víspera, lunes 3, el Secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, había inaugurado la junta de los concesionarios de radio y televisión con dos referencias a una nueva forma de regulación que ha propuesto. Recomendó la formulación de un código de ética, que rija el trabajo de esos difusores, y la aceptación de un Ombusdman, un procurador de los televidentes y radioescuchas, que haga aplicable aquella normación.

Nada más plausible, y congruente con los afanes desregulatorios de la administración salinista, que invitar a la autorregulación, al ejercicio de las responsabilidades personales e institucionales de los emisores. Sólo que, a mi juicio, ese deseable estadio es continuación de que incluye una puntual observancia de la norma jurídica, aquella que permite la coacción exterior a fin de asegurar su cumplimiento. Y nadie, ni el más benévolo juzgador del desempeño de la radiodifusión podría salir garante de su acatamiento preciso a la legalidad.

El Secretario Carpizo, a cuya dependencia toca vigilar el cumplimiento de la legislación e invoca a reemplazarla, sin derogarla, por la ética, escogió ese camino para exponer a los radiodifusores la extendida preocupación por el papel de esos medios en la integración de nuevas formas de relación social. El presidente de esos empresarios, Javier Pérez de Anda, advirtió en respuesta, que se opondrán a todo intento de limitar la libertad de expresión. Es una decisión por entero compartible, pues nadie dedicado a la manifestación de las ideas cometería el acto suicida de tejer la cuerda con que se le ahorque. Expuesto de ese modo el pensamiento de los concesionarios, coincidirá con las aspiraciones de otros sectores de la sociedad, cuyo propósito radica, precisamente, en la multiplicación y ensanchamiento de dicha libertad, de suerte que pueda ser ejercida por todos y no sólo por un puñado de personas.

Contra esa libertad, y todas las demás, conspirará la desestabilización provocada por la violencia criminal, aunque no fuera su pretensión. De allí que urja fijarle el alto, aunque no a cualquier precio. Las secuelas del homicidio de Ruiz Massieu son ejemplo de cómo la sociedad queda en riesgo si para hacer valer el derecho se vulnera la legalidad. Eso pudiera ocurrir respecto de la condición legal del diputado Manuel Muñoz Rocha, así como de la calidad de la pesquisa judicial. La primera se quiso enfrentar por un camino equívoco, el de la petición de licencia en vez del desafuero, y amenaza convertirse en un sainete. No está claro, para empezar, si Muñoz Rocha mismo, o cualquiera otra persona redactó y presentó la solicitud correspondiente.

El texto muestra evidentes errores, y características tipográficas (la falta de tilde sobre la letra eñe, por ejemplo) que sugieren que fue preparada en el extranjero, o al menos en una máquina de escribir de las usuales en países de lengua inglesa. Carece de membrete y la firma pudiera no ser la registrada oficialmente en la Cámara. Por añadidura, hay oscuridad sobre la forma en que llegó a San Lázaro. Varias horas después de las 17 del martes 4, que es la anotada por Adalberto Campuzano, éste que es el oficial mayor de la Cámara, negaba que hubiera llegado el documento en que él mismo firmó el acuse de recibo.

Luego, se suscitó una controversia sobre el sentido de la licencia. Es insostenible, a mi juicio, la opinión prevaleciente entre la mayoría priísta, de que la inmunidad puede ser retirada sin juicio, al solicitar licencia. El senador Israel Soberanis Nogueda sentenció, grave pero falazmente: "El fuero constitucional protege la función legislativa; quien no ejerce la función no goza de dicho fuero". Reducida la cuestión al absurdo, para mostrar su carácter sofístico, se puede entonces asegurar que en los recesos los legisladores no cuentan con el fuero, porque no ejercen la función legislativa. Y, más directamente, se podría entonces pretender que el fuero no es inmunidad sino sólo irresponsabilidad, es decir, que sólo protege a los parlamentarios respecto de sus dichos en la tribuna, y no respecto de toda clase de delitos.

Soberanis Nogueda pagó la publicación en varios diarios de su breve voto particular, que fue en sentido afirmativo. Se sintió en la necesidad de darle así difusión, porque había anunciado que votaría en contra. Pero al parecer su amigo y paisano, el subprocurador Ruiz Massieu, lo instó a que ayudara a poner a disposición de la justicia al diputado Muñoz Rocha. Si el funcionario se dirigió también a otro legislador guerrerense, Florencio Salazar Adame, en ese caso fracasaron sus artes suasorias. Este diputado votó en contra del dictamen que admitió la licencia presunta o realmente solicitada por Muñoz Rocha. Coincidió en tal punto con los grupos que representan en la Permanente al PAN y al PRD, opuestos a que soslayara el procedimiento establecido y se buscara una vía rápida de dudosa legitimidad. Tanto les pareció inadecuado el camino escogido a panistas y perredistas, que resolvieron salir de la sesión en señal de protesta.

Quizá habrían votado también en contra los legisladores priístas si el miércoles hubiera aparecido la fotografía que el jueves presentó a gran tamaño y en su primera plana El Norte. Se trata de una escena en que Adriana Margarita Salinas, que estuvo casada hace más de veinte años con Ruiz Massieu, y su padre, el licenciado Raúl Salinas Lozano, llegan al sanatorio español, el 28 de septiembre, cuando el secretario general del PRI aún se hallaba con vida. Muy cerca de ellos, diríase que junto a ellos, señalado en tal fotografía periodística con un círculo que le aclara el rostro, los observa el diputado Muñoz Rocha: ¡sí, como en la mejor literatura negra o el cine más efectista, el asesino acude a expresar preocupación por la salud de su víctima! Es probable que hasta haya manifestado su pesar a quienes poco después serían los deudos de quien moría a causa de la conspiración de que Muñoz Rocha está acusado.

Este a su vez ha trasladado la responsabilidad a Abraham Rubio Canales, su paisano y amigo, que estaba ya preso en Acapulco. Se encuentra ahora en Almoloya de Juárez, el penal de alta seguridad, y se le ha dictado ya la formal prisión por el homicidio de su antiguo amigo Ruiz Massieu. Como se recuerda, Rubio Canales llegó en 1986 de Tamaulipas, donde había sido el líder estatal priísta, a Guerrero a organizar la campaña del ahora extinto a la gubernatura de ese estado. Director del Fideicomiso Acapulco, un cargo federal obtenido con la ayuda de su amigo el gobernador, Rubio Canales incurrió en un delito patrimonial contra el Fideicomiso y quedó preso en 1992. Desde su celda, según va configurándose en los relatos de los detenidos, urdió la muerte de su amigo, acaso por sentirse traicionado.

¿Era ése el móvil real del homicidio? No lo sabemos todavía, lo probable es que hayan concurrido varios motivos, que se hicieron coincidir según el nivel de los participantes: desde el puramente económico, de conseguir un beneficio de inmediato o en el corto plazo, hasta los de vengar agravios o lanzar mensajes a la autoridad para que se abstenga de acciones contra el narcotráfico (o al menos contra cierto sector de ese negocio) al mismo tiempo que se propicia la desestabilización política, clima ideal para las actividades ilícitas como el comercio de estupefacientes y de armas.

Los oyentes de noticieros radiofónicos pudieron escuchar el lunes por la noche, las primeras declaraciones de María Eugenia Ramírez Arauz. En ellas pintaba un drama doméstico por desgracia no infrecuente, en que un marido autoritario el suyo Fernando Rodríguez, asistente de Muñoz Rocha le impone huéspedes indeseables y hasta los deja dormir en la casa donde él mismo no pasa la noche. Por lo tanto, se manifestaba por entero al margen de la situación.

Sin embargo, a poco conocimos el resumen de su declaración ministerial, en que se explaya en una larga descripción de la conjura. Incluye los nombres de presuntas víctimas adicionales e involucra a políticos de fuste, lo que convalida la tesis del subprocurador Ruiz Massieu de que Muñoz Rocha y Rubio Canales no son el extremo superior de la cadena criminal a que se enfrenta. Y mientras las averiguaciones continúan, también la vida gira: en Michoacán, Eduardo Villaseñor sufrió al comenzar octubre un doble quebranto simultáneo. Falleció su señor padre, y se vio en el caso de solicitar por tercera y última vez licencia a su cargo de gobernador, con lo que dejó de serlo por completo. Esa noticia no sorprendió a nadie, aunque sí su secuela, el acuerdo entre las fuerzas políticas de la entidad para que se realicen elecciones extraordinarias en diciembre de 1995, al mismo tiempo que las municipales. Y en Chiapas, la tensión no disminuye. Sin embargo, habrá contribuido a que por lo menos no crezca la razonable posición asumida ante legisladores federales por el secretario de la Defensa Nacional, el general Antonio Riviello. Salvo que practicara un doble lenguaje, en que su palabra pacificadora quedara contradicha por acciones belicistas, hemos de felicitarnos de que el responsable de la movilización militar prefiera el camino de la civilidad.

Cuando faltan dos meses exactos para el comienzo de la nueva administración local, es preciso acumular esfuerzos por evitar que ese momento se convierta en la señal de la paz o la guerra.

Reforma