Enrique
Krauze

El Congreso tiene frente a sí la oportunidad de consolidar la democracia en México y comenzar a revertir el desánimo general. Para lograrlo necesitará actuar con una dosis suprema de responsabilidad política. No ha sido ésa la característica de su errático desempeño en el primer año de su mandato. Pero no es difícil vislumbrar un cambio ni llevarlo a cabo. Se trata de asumir un liderazgo colectivo. El presidente Zedillo no ha logrado construir ese liderazgo. No es que le falten méritos. Sólo una mentalidad mezquina puede negarle el haber propiciado las decisivas transformaciones democráticas de los últimos años pero, extrañamente, ese progreso político -que con el tiempo se apreciará en su justa medida- no se ha traducido en una clara capacidad de liderazgo. Quizá la contracción del lugar histórico del Ejecutivo sea consecuencia natural de ese mismo progreso y, en ese sentido, es un dato positivo. Pero en nuestro caso el péndulo ha ido demasiado lejos.

Por eso, a poco más de un año de las nominaciones de candidatos presidenciales, ha llegado la hora del Legislativo. La agenda pendiente es inmensa e inaplazable. El costosísimo embrollo del FOBAPROA, la ley indígena, el problema de Chiapas, la reforma judicial, la reforma laboral, el destrabe de la petroquímica, los cuellos de botella en la energía eléctrica, la inseguridad y el crimen son algunos de los asuntos que la Legislatura deberá abordar, no para deliberar interminablemente sobre ellos perdiendo un tiempo que no podemos perder, sino para aportar soluciones prácticas que la legitimen ante la nación como un protagonista confiable y dinámico, digno de la reelección de sus miembros.

No es la primera vez en nuestra historia que el Legislativo tiene una oportunidad semejante. En todos los casos la ha desperdiciado. A mediados del siglo pasado, la querella entre los puros y los conservadores ahogó en sangre una Constitución sensata y moderada. Diez años más tarde, la inexperta aunque patriota legislatura liberal tardó demasiado tiempo en aprender las reglas elementales del equilibrio de poderes: sus discusiones eran infinitas y muchas veces intrascendentes, su competencia con el Ejecutivo empantanó proyectos urgentes de desarrollo. El resultado, como se sabe, fue el arribo violento de Díaz que pensaba lo mismo que Lucas Alamán: "no necesitamos más congresos, sólo unos cuantos consejeros planificadores". En tiempos de Madero, una promisoria representación tripartita (los renovadores, los católicos y los porfiristas) se perdió en un alud de recriminaciones, venganzas y excesos oratorios, creando un ambiente de pánico e incredulidad que se revirtió contra el orden democrático, destruyéndolo en el embrión.

Nuestra actual división tripartita corre riesgos semejantes, aunque el peligro no sea un golpe de Estado sino el ahondamiento de la discordia y el asomo del caos. Ningún partido se libra de responsabilidad. Salvo excepciones, el PRD ha actuado con una radicalidad crítica que quizá podría redituarle en el año 2000 -yo tengo mis dudas- pero sobre esas bases su eventual victoria puede resultar pírrica: si el deterioro del país avanza geométricamente, sus márgenes de acción serán mínimos. Por su parte, el PAN sufrió una especie de parálisis: huyendo de la sombra de la concertacesión que los homologaba con el PRI, muchos de sus legisladores creyeron que su único deber era ser o parecer tan radicales como los perredistas. Por fortuna, la buena recepción de su propuesta en torno al Fobaproa debería convencerlos que el electorado desconfía de los extremos y está urgido de soluciones razonadas y sensatas. Finalmente, en el PRI debería cundir el ejemplo del grupo Galileo que intentó marcar y fundamentar sus distancias con el Ejecutivo. Por lo demás, sería de desear que los diputados actuaran con plena civilidad, con respeto al Ejecutivo y movidos por las convicciones e intereses de sus votantes más que por la línea de sus partidos.

El papel del Congreso en la circunstancia actual es a tal grado decisivo, que las sesiones deberían tener una "ventana" en los medios. Como en muchos países, un canal de cable o de televisión digital debería transmitir en vivo las deliberaciones en la Cámara. Las agendas legislativas deberían ser tan habituales como las carteleras de los cines o la programación televisiva. Los partidos deberían publicar sus ideas rectoras sobre cada tema en la prensa.

Si el año que viene el Congreso desahoga con prontitud al menos una parte de su agenda, la carrera presidencial podrá comenzar en una atmósfera menos enrarecida. Los electores podrán juzgar con mayor aplomo las propuestas de los partidos y el perfil de los candidatos porque el equilibrio de poderes habrá probado su bondad. Si el Legislativo responde a las exigencias de la hora, el Ejecutivo podrá acotar más claramente su papel para el siglo XXI, y entre ambos podrían rehacer -casi de las cenizas- al tercer protagonista sin cuya fortaleza y autonomía el país no podrá construir ningún orden estable y las leyes seguirán siendo letra muerta: el Poder Judicial.

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